Aclaro algo que merece precisión. En mi reflexión sobre el caso conocido como “La Perla”, no existe ningún acto formal de archivo dictado por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño. Mi expresión no pretendió afirmar lo contrario, sino advertir en otras palabras un hecho que preocupa al país entero: dentro de ese proceso se otorgó un principio de oportunidad a una persona que, según los testimonios y las pruebas, habría desempeñado un rol de dirección en una posible red de narcotráfico y extorsiones No se trata de un ataque personal ni institucional. Se trata de una alerta sobre cómo el Estado está usando sus propias herramientas de justicia en los procesos. El problema no es un funcionario, es una práctica que, en nombre de la eficiencia procesal, ha terminado por desconectarse de la política criminal del Estado y por debilitar la confianza ciudadana en la justicia. El principio de oportunidad nació para que el Estado, en ciertos casos, pudiera suspender la persecución penal a cambio de algo mayor: la verdad, la cooperación eficaz, la prevención del delito. Pero es visible, lo sabemos, con el paso de los años, esa herramienta se ha ido deformando hasta convertirse, en demasiadas ocasiones, en una negociación desigual donde el Estado siempre aparece perdiendo, menos justicia, menos verdad, mes desinstalación de infraestructuras delictivas, más impunidad. Mientras los grandes responsables obtienen inmunidad, las víctimas quedan sin verdad y la sociedad sin reparación. La justicia premia al que colabora con retazos de información, pero muchas veces castiga al que busca transformar las causas del crimen. Así, el principio de oportunidad, debe revisarse porque en vez de fortalecer al Estado, lo deja en el lugar más débil de la mesa: el del que concede sin recuperar autoridad moral. Y aquí está la contradicción más grave: En el discurso judicial, el Estado negocia su poder punitivo sin restaurar nada, mientras en el discurso de la Paz Total, el mismo Estado suspende la violencia para restaurarlo todo: la verdad, la confianza, los derechos de las víctimas y la esperanza colectiva. La diferencia no es solo jurídica, sino pragmática. El principio de oportunidad, tal como se ha aplicado, ha dejado de servir a la justicia como lo soñaron en Alemania para aprestigiar la justicia y llevar restauración rápida a las víctimas, aveces se usa para servir al acomodo de interese abyectos. La Paz Total, en cambio, no busca impunidad, sino responsabilidad transformadora. Una paz difícil y negociada busca cerrar expedientes y encontrar verdades que purifiquen la sociedad. Por eso insisto: el Estado no puede seguir negociando su autoridad con los poderosos del crimen mientras persigue a los débiles del sistema. El principio de oportunidad debe ser más exigente, no puede seguir otorgando inmunidades que no restauran nada, que no generan verdad, ni prevención, ni confianza social. La justicia debe servir a la sociedad, no a las estructuras que la destruyen. Y el poder judicial debe recordar que su legitimidad no nace del castigo, sino de la verdad que es capaz de revelar. Yo creo en una justicia viva, con propósito, con ética pública. Me he gastado mi capital político en ello, por eso creo en un Estado que no se arrodille ante los privilegios procesales de los criminales, sino que recupere su autoridad moral a través de la verdad y de la reparación. Aclaro, entonces, el sentido de mis palabras frente al fiscal Burgos, no hubo archivo formal de su parte en la operación Perla Negra pero sí un hecho preocupante que merece ser discutido con rigor. Un principio de oportunidad ¿u qué ganó el país o la justicia? Porque no hay nada más peligroso para la democracia que una justicia que calla frente al poder. Mientras algunos siguen dando oportunidades al crimen, nosotros seguiremos dando oportunidades a la nación. La Paz Total no es indulgencia: es la reconstrucción ética del Estado.(Gustavo Petro)